Por: Angélica Noboa Pagán
Eventos recientes
refieren el modo en que el sistema de frenos y contrapesos, dinamiza la
democracia.
El 3 de
noviembre, en la ciudad de México, el actor y director Diego Luna, acompañó al
profesor Alejandro Legorreta, académico de la Universidad Iberoamericana, ante
el Senado de la República, donde juntos presentaron al hemiciclo el “Corrupcionario
mexicano”.
Se trata de
un libro que compendia unas 300 palabras extraídas del argot popular, y denominan
sustantivos, adjetivos, verbos y frases idiomáticas relacionadas con la cultura
de corrupción. Es el resultado de un esfuerzo de investigación dirigido por
Legorreta, que incluyó encuestas y la colaboración de múltiples grupos de
enfoque, para entender como viven los mexicanos el fenómeno. El prólogo de la
obra es de Luna.
Simpáticamente ilustrado
con caricaturas elaboradas por talentosos artistas locales, el Corrupcionario enfrenta
al lector. El retorcido ideario conceptual y sus expresivos dibujos, conducen hasta
un acto de constricción.
Todo mexicano sabe suyas
esas expresiones culturales, las reconoce en algún momento salidas de su propia
boca, explican los autores. Su sola admisión como código de comunicación
social, compromete.
Tal como explicara Pedro
Henríquez Ureña acerca de la ciencia del lenguaje: “Siempre hay explicación científica para el
fenómeno lingüístico”.
Precisamente
de los paquitos o comics de nuestra
niñez hechos en México, a los que Corrupcionario recuerda, así como por la
influencia del cine, la canción y la televisión mexicana en toda la región, los
demás hispanoparlantes conocemos mucho ese sonoro argot. Disponible en
Internet, al leerlo, somos capaces de traducir las palabras del peculiar
diccionario, hasta nuestras propias expresiones autóctonas sinónimas.
Con la
frase “si no somos parte de la solución,
somos parte del problema”, Luna convoca al lector a asumir el freno desde
el lenguaje.
Esto es, desterrar,
del código lingüístico del pensamiento estos conceptos, para que futuras
generaciones no los asuman como propios; liberarlos de esa innecesaria carga en
su identidad cultural. Compartirnos en República Dominicana el mismo problema y
en consecuencia, conviene pensar en similares soluciones.
En el
entendido de que la corrupción es un fenómeno complejo, al que unos acuden por meras
razones de supervivencia, mientras otros ya lo tienen como plataforma de sus conveniencias,
la visita al Senado de Luna y Legorreta, para presentar la obra a ese poder
político, constituye un proactivo ejercicio de democracia dinámica, a efectos
de generar cambios.
Otra
comparecencia pública al Senado mexicano ocurrida el 25 de octubre, estuvo a
cargo de la Lcda. Alejandra Palacios Prieto, presidenta de la Comisión Federal
de Competencia Económica (COFECE), para realizar una presentación de su
gestión, así como para responder múltiples preguntas formuladas por los
legisladores respecto de la efectividad del organismo.
En paralelo,
ocurrió una visita similar, el 1ro. de noviembre, en este caso convocada por el
Comité de Hacienda de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, a la
Lcda. Yolanda Martínez Zarzuela, homóloga de Palacios Prieto, en nuestro país.
La
comunicación entre los poderes del estado, en torno a la política de
competencia, es un ejercicio de equilibrio de las respectivas soberanías, más
que saludable.
La comparecencia
de la presidente de la COFECE ante Senado, es una obligación constitucional
para informar periódicamente, sobre esfuerzos institucionales y resultados
alcanzados.
La visita
de la presidenta de Pro-Competencia, a la Cámara de Diputados, respondió al
interés mostrado por esos legisladores, en conocer los motivos que actualmente
impiden al organismo cumplir las funciones. Al término de la visita, el
diputado Fidelio Despradel comentó que el Consejo Directivo del organismo, ya
ha remitido una terna de candidatos para ocupar la Dirección Ejecutiva al presidente
de la República.
Deja una
grata impresión tanto la invitación inicialmente motivada por el diputado Despradel,
como la aceptación de la Lcda. Martínez, a un reunión de comunicación. Nadie
mejor que los funcionarios elegidos mediante representación directa, para
formular las preguntas que gravitan en la opinión pública y procurar resultados
eficaces.
El más
significativo de estos diálogos de contrapeso recientes, ocurrió el 3 de
noviembre en Reino Unido. La prensa internacional informa que la Alta Corte
Británica dictaminó que el Parlamento vote en la activación del Brexit. Tres
jueces sentenciaron que la primera ministra Theresa May, no tiene derecho de
usar el Poder Ejecutivo para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, tras
el cual comienzan los dos años de negociaciones para establecer condiciones
para que el Reino Unido deje el bloque. El Tribunal no acepta el argumento
presentado por el gobierno que juzgaba que el voto del Parlamento no era útil.
Entre otros
aspectos, el Brexit desvincularía el derecho de la competencia británico como
fuente, permeando la regulación económica de la Unión Europea. La pérdida de la
influencia de la doctrina inglesa, representada por Whish, Bailey Bellamy, Child
y Rose, en Europa, sería lamentable.
Latinoamérica,
más proclive a asimilar el derecho de la competencia europeo continental, por contener
métodos romano-germánicos comunes, que el antitrust
anglosajón, perdería también. La academia inglesa resulta en estos temas, un fuerza
dinámica esencial en las políticas públicas europeas. El contrapeso de la Alta
Corte Británica, que ordena consulta con el parlamento, podría rescatar los
efectos adversos del Brexit, en ese y otros asuntos.
La búsqueda
constante de equilibrio entre poderes del estado y poderes fácticos debidamente
ponderados, mantiene vivas las fuerzas de la democracia, la reconstruye y perfecciona
sus resultados.
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