4 Recomendaciones Estratégicas para el Consejo Directivo de ProCompetencia.

Por: Angélica Noboa Pagán.

El pasado 22 de febrero, la Lcda. Yolanda Martínez Zarzuela, presidente del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (ProCompetencia), compareció como oradora invitada al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMRD), para ofrecer la disertación titulada “Efectos de la Entrada en Vigencia de la Ley de Defensa a la Competencia”.

Durante su alocución, la funcionaria reveló que a la fecha, esto es, a mes y medio del nombramiento de la Directora Ejecutiva de la institución el pasado 6 de enero, y en consecuencia, de la entrada en vigencia plena de la Ley No. 42-08, el organismo no había recibido la primera denuncia por alegada violación a la Ley.

La Lcda. Martínez observó a su audiencia, principalmente integrada por representantes del sector empresarial, que el gobierno ha cumplido con el mandato legal, al poner a disposición una plataforma en provecho de todos los agentes económicos interesados. También recordó a los asistentes, entre otros aspectos, que la función investigadora de prácticas anticompetitivas corresponde a la Dirección Ejecutiva y no al consejo que preside.

La revelación de la ausencia de denuncias, compartida por la presidente del órgano regulador, debe ser señal de gran alarma para todos, pero especialmente, para los miembros del Consejo Directivo que ella encabeza.

La República Dominicana está muy lejos de tener condiciones de competencia favorables, en sus diferentes mercados, según destacara hace algunos meses el diputado Fidelio Despradel. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2016-2017, publicado por el Foro Económico Mundial, el país ocupa la posición No. 92 de 132 países evaluados, uno de los más bajos de la región latinoamericana.

Si luego de servida la plataforma y en consecuencia, puesto el órgano encargado de las investigaciones, en condiciones para ejecutar esa función, el primer trimestre transcurre tan pasivamente, el órgano del estado, a cargo de la rectoría política de competencia, es decir, el Consejo Directivo, debe actuar con extrema celeridad administrativa.

Ante esa señal, el Consejo Directivo debe prestarse a emprender -siempre en el marco de sus atribuciones- todas las gestiones necesarias, para el óptimo cumplimiento de los objetivos que le impone el Art. 17 de la Ley No. 42-08; es decir, promover y garantizar la competencia efectiva e incrementar la eficiencia. Su compromiso, no es de medios, es de resultados.

Como bien describe el citado artículo, la actuación del Consejo Directivo no se limita al examen a posteriori de los casos de denuncia, luego de ser instruida una investigación. Esa sería una mínima y pasiva visión de su rol, en la construcción de una política-pública para promover y defender la competencia.

El mandato legal le señala a ese órgano rector, una variedad de actuaciones estratégicas destinadas a impulsar con firme determinación, las metas hacia donde la estructura organizacional y presupuesto que administran van dirigidas. Justo es señalar, que durante su disertación, la Lcda. Martínez, explicó una serie de iniciativas que demuestran que se desarrolla una visión integral de la función rectora.

Sin embargo, después de años en que los diferentes sectores, sociales, académicos y empresariales hemos reclamado la instauración del régimen, era de esperarse, tal como manifestó la presidente, una inmediata reacción por parte de los agentes económicos. Pero esa reacción no ha llegado. No hay denuncias, pero las condiciones anticompetitivas abundan en nuestros mercados.

En este escenario, es del más elevado interés del Consejo Directivo, entender qué necesita acometer, para fomentar que todo proveedor, consumidor o intermediario afectado, acceda a las vías legal y administrativamente servidas.

La inacción por parte de los agentes económicos es un síntoma inequívoco de dos situaciones delicadas:

1.     Algunos sectores no les interesa demandar, sino mantener el status quo, posiblemente sujeto, en muchos casos, a condiciones abusivas, conspirativas e ilegales. Estos apostarán a defenderse, solo si alguna parte con interés legítimo, confiado en la eficacia del sistema, los demanda.

2.     Otros sectores por el contrario, consideran que las condiciones de competencia en sus respectivos mercados deben cambiar. Sin embargo, no han acudido al organismo, porque no han comprendido o confiado en las garantías del sistema recién instalado.

¿Cuál es la actuación política que debe impulsar el Consejo Directivo presidido por la Lcda. Martínez ante estas delicadas circunstancias?

Hay 4 acciones inmediatas y concretas que recomendaría al consejo, para generar certidumbre entre los administrados:

1.     Impulsar la promulgación del decreto presidencial con el Reglamento de Aplicación de la Ley. Sin conocerse el contenido definitivo de ese documento, son muchas las inquietudes procesales que circundan cualquier estrategia de demanda que esté siendo considerada por los agentes económicos en estos momentos. ProCompetencia recibió valiosos aportes provenientes de diversos sectores, que tuvo a bien publicar en su página web, para la lectura de todos. Basta con examinar estos aportes, para entender la variedad de inquietudes, sugerencias, observaciones que la pieza original generó entre los participantes de la consulta. Es más que evidente que cualquier actor prudente, esperará conocer la versión oficial y definitiva de este reglamento, antes de aventurarse a someter una denuncia.

2.     El pasado mes de agosto, durante la administración de la Lcda. Michelle Cohén fueron publicados y circulados, un conjunto de guías consultivas sobre diferentes temas relacionadas con la aplicación de la Ley No. 42-08. En buena medida, el contenido de las guías, seguía las recomendaciones de actuación de la OCDE a los organismos reguladores de la competencia. Similares guías son publicadas por instancias homólogas en la región. Ha llamado la atención reciente de empresarios y colegas, que tales guías han sido retiradas de la página web de ProCompetencia. Se ignora si están siendo sujetas de algún tipo de revisión. En todo caso, exhortamos al consejo, a volver a ofrecer estos lineamientos. Todos los organismos de competencia alrededor del mundo publican este tipo de piezas consultivas, que resultan altamente beneficiosos para generar certidumbre tanto a partes denunciantes, como a  empresas denunciadas, sin comprometer la opinión oficial. En el caso dominicano, donde existe tan poca experiencia en estos procesos, las guías son una fuente de consulta muy útil.

3.     También, recomendamos al Consejo Directivo, publicar sus objetivos estratégicos. Esto no implica revelar ni transgredir las atribuciones de la Dirección Ejecutiva. Las tareas del consejo en materia de abogacía de la competencia son inmensas. Conocer su agenda de trabajo en esa atribución sería un sano ejercicio de buena Administración Pública y transparencia.

4.     Finalmente, exhortamos con mucho respeto a la Lcda. Martínez, a expresar sin temor de invadir atribuciones congresuales, su criterio politécnico sobre la designación pendiente ante el Senado de la República, de las ternas remitidas por el Presidente Medina, para sustituir a los directivos vacantes. El silencio del Senado, es una señal inquietante e íntimamente relacionada, con el silencio como respuesta, que han expresado por los sectores, al no denunciar casos ante el organismo. El temor de una captura por sectores influyentes en el consejo es causa raíz del freno actual. El Consejo Directivo, presidido por la Lcda. Martínez, es el centinela de una política pública transparente y legítima, en todo lo que guarda relación con la eficacia de la Ley No. 42-08.

Si 2017 transcurre y República Dominicana mantiene indicadores bajos en sus condiciones de competencia efectiva en beneficio del bienestar colectivo, será al Consejo Directivo a quien la sociedad juzgará, no al Senado o al Presidente Medina.

Todos hemos luchado mucho para llegar hasta aquí. Exhortamos al Consejo Directivo de ProCompetencia dar la milla extra impulsando medidas como las contenidas  en las recomendaciones sugeridas.