…bien vale la
pena refrescar nuestra memoria. 20 años han pasado desde que el gobierno
recibiera de la UNCTAD la primera versión del anteproyecto de Código de
Ordenamiento del Mercado, sometido luego al Congreso en octubre de 1998 después
de ser adaptado a nuestra realidad por una comisión de expertos designada por
el Poder Ejecutivo.
Entonces, como
ahora, nuestros hoteleros eran colocados contra la pared por los touroperadores,
cuyo poder para imponerles precios al por mayor sigue siendo inmenso, al
controlar las redes de distribución turística—los sistemas computarizados de
reservación de habitaciones así como los transportes aéreos y terrestres de
turistas desde y hacia sus países de origen.
Por ello se
adoptaron en el 2008 normas en el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre
la Unión Europea y los países del CARIFORO para luchar contra las prácticas
anticompetitivas en este sector clave para todas las economías caribeñas.
Entonces, como
ahora, nuestros exportadores se veían forzados a pagar tarifas de transporte
marítimo por servicios hacia países norteamericanos que son tres veces superiores a las que
imperan en rutas europeas, fruto de la existencia en esta parte del mundo de
las llamadas “conferencias marítimas” que fijan precios y se distribuyen rutas,
sometiendo a los usuarios a los peores efectos de la cartelización.
Por ello fracasó
en la OMC después de la Ronda Uruguay la negociación sobre comercio de
servicios de transporte marítimo y, nada casualmente, el contenido del DR-CAFTA
sobre política de competencia es poco menos que nulo.
Entonces, como
ahora, seguimos siendo todos víctimas de los efectos que sobre el comercio
internacional tienen las prácticas anticompetitivas. Luchar contra las mismas—en ausencia de
normas multilaterales al respecto—queda sujeto a la “cortesía positiva” (positive comity) entre las autoridades
nacionales. O, como en el caso ya mencionado del EPA, la lucha requiere
fortalecer las autoridades competentes a nivel nacional en el Caribe, la modernización
de sus normas y su creciente interacción a los fines de colaborar con la
instauración de un régimen regional al respecto.
Saludemos pues la
visibilidad que retoma el tema de la política de competencia en el debate
nacional y en particular el compromiso emergente de nuestras autoridades con una de las
piedras angulares de nuestra inserción internacional, sin la cual productores y
consumidores por igual se verán impedidos de disfrutar de los beneficios de la
apertura comercial.
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